Caracas.- El Gobierno de Venezuela dijo este miércoles que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, competirá con «desventaja» en las presidenciales del 28 de julio debido a las sanciones internacionales, pues -argumentó- han limitado la capacidad de gestión del mandatario, en el poder desde 2013.
«Es una clara distorsión o desventaja que tiene uno de los candidatos, que es el candidato a la reelección, porque ha sido sometido -este Gobierno- a una política de sanciones, de agresiones, que han ido al corazón del ejercicio del Gobierno, a hacer daño al pueblo», denunció el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.
Aseguró, durante una reunión con embajadores acreditados en Venezuela, que el bloqueo financiero que ha sufrido el país debido a las sanciones de los últimos años -la mayoría contra altos funcionarios del Ejecutivo- «limita o genera distorsiones en la capacidad de este Gobierno de hacer gestión».
Por ello, prosiguió, la elección presidencial se da en una «circunstancia desigual» que, según sus palabras, afecta la candidatura del mandatario.
«Es una elección que va interferida por agentes externos, sobre todo desde Estados Unidos, que buscan distorsionar la voluntad del pueblo», insistió el canciller, quien destacó que Maduro ha logrado «mitigar» los efectos de las restricciones económicas.
Subrayó que, «a pesar de las sanciones que han hecho tanto o más daño que una guerra», Venezuela no suspenderá las elecciones, en las que competirán 10 candidatos, entre ellos el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque antichavista.
Sin embargo, tanto Maduro como otros altos funcionarios del chavismo menospreciaron las sanciones, al considerar que Venezuela ha prosperado y continuará haciéndolo, por encima de cualquier medida de esta naturaleza.
Pese a lo dicho por el canciller, varios candidatos presidenciales han denunciado el «ventajismo» de Maduro en esta campaña, que ha sido apoyada por los medios públicos -que transmiten cada día sus mítines durante horas-, y el uso de recursos del Estado, como vehículos de la Fuerza Armada o la difusión de propaganda por parte de las instituciones públicas.
