Pierre declina dar su apellido a The Associated Press porque no quiere correr ningún riesgo. Es uno de tantos inmigrantes sin documentos que esperan que el Departamento de Extranjería y Migración de Chile renueve su carné y acoja su solicitud de residencia definitiva.
“De la manera que ejerce el gobierno (la política migratoria) es… para que nosotros los haitianos nos cansemos del país. Si estás irregular no puedes trabajar”, se queja mientras en sus manos exhibe dos cédulas vencidas.
Casado y con una hija chilena, Pierre vive en el campamento Dignidad, al sureste de la ciudad, en un conjunto de pequeñas casas de madera en medio de pasajes de tierra donde no se ve ni un arbusto. No se mueve de su casa —de un dormitorio— a la espera de que algún conocido llegue a ofrecerle algún trabajo temporal, un “pololito” como los llaman en Chile, por el que recibe entre 25 y 31 dólares, de los cuales ahorra seis para reunir los 300 que paga por arriendo y el resto para comprar comida.
“Pasé como cuatro años trabajando en una empresa y todavía estoy irregular en el país”, se lamenta. Agrega que en dos años su trámite ha avanzado apenas un 48%.
Pierre muestra una motocicleta estacionada a la entrada de su vivienda que no puede usar para hacer algunos “pololitos” porque no tiene licencia de conducir por no tener un carné de identidad. “A veces yo pienso (irme) caminar a pie, pero todavía no puedo”. No tiene dinero.
Magdaline Afred, una haitiana con residencia permanente, declara a la AP que muchos de sus compatriotas se fueron de Chile porque “no pueden trabajar porque no tienen papeles”. “A mí me da mucha pena porque hay muchos que se fueron con sus hijos que nacieron acá… y ahora están deportando (a Haití) a los haitianos con hijos chilenos”, añade.
En septiembre se registró una llegada masiva de haitianos a una ciudad fronteriza de Estados Unidos y muchos viajaron desde Chile Tras esa oleada migratoria, algunos lograron entrar, otros fueron deportados y muchos más se quedaron en México.
Magdaline, su esposo y sus tres hijas —la menor de dos años, chilena— viven en una casa de madera de dos dormitorios con una especie de patio a la entrada, donde hay cordeles con ropa limpia colgada en un lado y un montón de cajas con verduras y frutas al otro, lo que revela que ella trabaja en una feria.
El trabajador social y dirigente haitiano Lyné Francois, piensa que la política migratoria del centroderechista presidente Sebastián Piñera es un fracaso. “Hay personas que les han rechazado sus papeles dos o tres veces y están aburridas, desesperadas, agotadas y se están marchando”, asegura a la AP. “Pensamos que el gobierno podría facilitar las cosas, sobre todo por el terremoto (de agosto), las personas no saben qué hacer en este caso”.
Según cifras oficiales, en territorio chileno hay 1,5 millones de migrantes, incluidos unos 180.000 haitianos, de los cuales “casi 70.000 residen en Chile con permanencia definitiva”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. A los cerca de 110.000 haitianos indocumentados se suman los que ingresaron por pasos no habilitados y los que esperan que Extranjería les otorgue una cédula de identidad, documento requerido en casi cualquier trámite.
Piñera dictó un decreto en 2018 que obliga a los haitianos a obtener una visa consular en Puerto Príncipe antes de viajar a Chile, y en abril último promulgó una nueva Ley de Migraciones que busca prevenir el ingreso irregular de extranjeros. “Estamos poniendo en orden nuestra casa”, señaló el mandatario en alusión a la norma que facilita las expulsiones administrativas.
Carlo Richard, un mecánico automotriz haitiano que reside en Chile desde 2017, es uno de miles que viven con temor de ser expulsados porque sus papeles han sido rechazados varias veces y acumula cuatro correos de Extranjería que le dicen que será expulsado o que tiene 15 días para dejar el país. Con el temor reflejado en su rostro, se pregunta: “¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, (sólo) aguantar hasta que haya un cambio en nuestro país para que volvamos”.
Se agacha un poco para acariciar a su perro, al que le falta una pata. Dice que lo balearon unos chilenos que viven en la ocupación ilegal de terrenos en Lampa, un campamento distante 35 kilómetros al norte de Santiago.
Los problemas de los inmigrantes en Chile aumentaron luego de que Piñera implementara en abril un proceso de regularización para todos los inmigrantes sin documentos que llegaron al país por entradas regulares. El plazo vence el 17 de octubre próximo y entre los requisitos está un certificado de antecedentes que en Haití no existe –allá hay un prontuario policial– y que es muy difícil y demoroso tramitar a distancia.
El gobierno no ha precisado lo que sucederá a quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite.
Mandeline Cetante llegó en 2018 y tiene una hija chilena de dos años y medio. Tras conseguir el prontuario, inicio el proceso su proceso de regularización antes del inicio de la pandemia en 2020, pero Extranjería aún no responde. “Tengo que conseguir un trabajo, los papeles y todo eso, porque no me quiero ir, quiero quedarme acá, que crezca mi hija, a mí me gusta Chile”, dijo con voz esperanzada.
Muchos haitianos dejaron a sus hijos en la isla con la esperanza de mandarlos a buscar, pero pocos pudieron traerlos a pesar de que para ellos existe una Visa de Reunificación Familiar.
Jacqueline Michel llegó en 2018 de Haití y a pesar de tener una visa de residencia permanente dice que en Extranjería le piden “un certificado bancario y uno de residencia (pero) acá todavía no tengo (el papel de) residencia porque vivo en una toma”, es decir, en una ocupación ilegal de terrenos.
A la “toma” se llega subiendo por polvorientos callejones de un cerro en Lampa, donde no hay electricidad y el agua la obtienen con dificultad de una especie de posa ubicada más arriba, en el cerro. Al lugar no suben los camiones que retiran la basura, tampoco el transporte público.
Con la voz quebrada, Jacqueline pide ayuda “para todas las madres que están en Chile, que podamos traer a los hijos”.
