Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana.
Entiende que el caso muestra las graves falencias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.
“Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que esos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social”, indica un documento enviado a los medios.
Por tal motivo, señala, la sociedad dominicana ha perdido el sentido del asombro ante cada hecho de ese tipo, y más que indignarse cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, espera la lista de los involucrados en caso. Indica que todo esto sucede ante la indiferencia de las autoridades.
Para FINJUS, la operación Falcón es una muestra más de que el Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes.
Para tales fines entiende que se hace necesario la revisión del Código Penal para que incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas.
Sostiene que es hora de que los partidos políticos rindan cuentan a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a puestos de elección y dirección del Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley en el país.
“La operación Falcón nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales”, dice el documento.
La fundación saludó el trabajo que realiza el Ministerio Público al enfrentar casos como la Operación Falcón en la lucha contra el crimen organizado.
“La lección más importante que esta Operación Falcón nos deja es que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o sus representantes en la política dominicana y las instituciones democráticas. Estos lamentables hechos nos convencen que la adopción de nuevas leyes, como la de extinción de dominio, o modificar las existentes, como el Código Penal, no son meros ejercicios retóricos sino herramientas para la creación de una cultura de transparencia que mejore la calidad de la democracia”, señaló.
